Ante la falta de autonomía política, la iniciativa privada crea organismos de regulación y protección de la actividad comercial. La Junta Particular de Comerç se funda en Barcelona en 1758, y forma una unidad con la Matrícula de Comerciants y el Tribunal del Consolat. Instalada en el antiguo edificio de la Llotja de Barcelona, extiende su influencia por todo el país y dinamiza los diferentes sectores de la economía, a cuyo servicio crea escuelas de formación: náutica, taquigrafía, dibujo, química, mecánica, física y economía.